Ocho estados demandan a OpenAI por separado y le acusan de haber convertido ChatGPT en un producto que daña a menores. La compañía responde que ya aplica protecciones por edad que, dice, otros productos no tienen.
Qué pasó y quién demanda a OpenAI
Ocho estados presentaron el miércoles demandas contra OpenAI en sus propios tribunales estatales. La acusación, resumida: que ChatGPT es un producto inseguro que ha dañado a menores y ha engañado a sus padres, lo que a juicio de los demandantes viola las leyes de protección al consumidor de cada estado.
Los estados que han actuado por separado son Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana. La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, anunció la suya con un comunicado y un tono directo: «OpenAI está haciendo daño a los niños y está mintiendo a los habitantes de Iowa», dijo. Su demanda, según explicó, busca obligar a OpenAI a cambiar el comportamiento de su producto con los menores.
Conviene precisar en qué fase está el asunto. Son demandas, no sentencias: nadie ha dictaminado todavía que OpenAI haya incumplido la ley. Lo que está sobre la mesa son acusaciones, y el caso puede tardar meses o años en resolverse.
Qué dicen las acusaciones sobre la seguridad de ChatGPT
El núcleo de las demandas está en cómo responde ChatGPT cuando lo usa un menor. Los demandantes sostienen que el sistema llegó a ofrecer orientación relacionada con autolesiones y que no informó con transparencia de los riesgos que asume ese tipo de usuario.
Ese no es un frente nuevo para OpenAI. La empresa ya afronta demandas por muerte de usuarios que, según sus familias, recibieron respuestas que alentaron delirios peligrosos y en algunos casos condujeron al suicidio. En junio, la fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó a la compañía con un argumento parecido: que lanzó al mercado un producto conscientemente inseguro.
La diferencia ahora es la escala. Ocho estados actuando a la vez convierten el asunto en un problema regulatorio de alcance nacional, y no en litigios aislados. Para una empresa que prepara su relación con gobiernos y reguladores de medio mundo, el golpe va más allá de lo jurídico.
La respuesta de OpenAI
OpenAI rechazó la premisa. Un portavoz de la compañía, Drew Pusateri, defendió que el producto incluye protecciones específicas por edad que, según dijo, «muchos otros productos de IA no tienen». La empresa añadió que trabaja con los estados para impulsar políticas que se apliquen a todo el sector.
La compañía también enumeró lo que ya ha puesto en marcha: controles parentales, recordatorios para hacer pausas y protecciones adaptadas a la edad del usuario. «Ningún sistema es perfecto», reconoció el portavoz, y prometió seguir trabajando con expertos para añadir más salvaguardas.
En agosto, OpenAI lanzó además ChatGPT for Teens, una versión dirigida a menores con funciones educativas y filtros pensados para reducir su exposición a contenidos inapropiados. Ese producto es, en parte, su argumento de que ya se ha movido en esta dirección antes de las demandas.
Por qué importa más allá del caso
El punto de fondo no es solo ChatGPT. Las demandas tocan una pregunta que afecta a cualquier padre, a cualquier adolescente y a cualquier empresa que venda IA a menores: qué obligaciones tiene un asistente conversacional cuando su usuario no es un adulto.
Estados Unidos no tiene todavía una ley federal que fije esas obligaciones, así que los estados están llenando el vacío a base de demandas y de sus propias normas de consumo. Esa vía tiene consecuencias prácticas: si los tribunales dan la razón a alguno de los estados, las medidas que se impongan podrían marcar el estándar de lo que se exige a toda la industria, no solo a OpenAI.
Para los usuarios, el impacto es indirecto por ahora. Nadie va a perder acceso a ChatGPT por estas demandas, pero las protecciones para menores y los controles parentales podrían volverse más estrictos si los casos avanzan y la presión se extiende a otros fabricantes.
Qué mirar a partir de ahora
Lo que sigue es el calendario judicial. ¿Coordinarán los ocho estados sus casos? ¿Se sumarán otras fiscalías? Y en el plano de fondo, ¿cómo responde OpenAI en los tribunales frente a lo que ya sostiene en público? La compañía ha defendido que cumple con las protecciones que promete; ahora toca ver si eso basta para un juez.
